INTEGRACIÓN SOLIDARIA Y EL DERECHO A NO EMIGRAR
29.08.2015 06:54
Luego del ataque por parte de grupos paramilitares colombianos a soldados venezolanos en la
frontera, eclosiona una conflictividad entre dos países hermanos. La declaración por primera
vez del Estado de Excepción por parte del gobierno de la República Bolivariana de
Venezuela, en seis municipios fronterizos con Colombia, genera un debate sobre los derechos
humanos, entre dos países que, aún con modelos económicos diferentes, intentan, a
diferencia de otras zonas del mundo, actuar con espacios de integración solidaria como la
CELAC Y UNASUR.
En el origen de la Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo
Social, FUNDALATIN, en 1978, existía una fuerte migración en países de América Latina,
en el marco de la Doctrina de la Seguridad Nacional de la Escuela de las Américas (USA)
que impulsaban a dictaduras como las de Pinochet y Videla. La seguridad nacional,
justificaba, según ellos, cualquier violación a los derechos humanos.
Migrantes inspirados en la teología de la liberación, cristiana ecuménica, llegaron a
Venezuela buscando un espacio democrático. Y junto a cristianos venezolanos, con la
presidencia del recordado P. Juan Vives Suriá, generaron Fundalatin, como comunidad de
defensa de los DDHH con la perspectiva ética de la espiritualidad liberadora. El P. Juan
Vives, tenía experiencia, como Presidente de Cáritas en apoyo a los refugiados en Venezuela.
Llegaban huyendo de situaciones de injusticia en sus países. Sea por causas económicas, por
persecución política, o por desastres naturales.
La Declaración Universal afirma “Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país,
incluso del propio y a regresar a su país” (Art.13) . Y “derecho a buscar asilo en cualquier
país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial originada por delitos
comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas”. Art 14.
Con la experiencia de años de trabajo con migrantes, el P. Vives comentaba que, en general,
salvo por razones de turismo o de ampliación voluntaria de conocimientos, nadie quiere salir
de su propio país, donde están sus raíces. Sin embargo, las situaciones violentas de
explotación vividas en los países oprimidos por otros países, o dentro de su país por
situaciones injustas como guerras internas o desigualdades y opresiones internas, la gente
buscaba salir como una opción de mal menor. Vives, desde la visión ética de derechos
humanos, consideraba inferir el “derecho a no tener que emigrar”.
Algunas críticas surgidas con la situación de frontera en Venezuela, la equiparan al drama
migratorio de Centroamérica a USA o de África a Europa. Cuestión que no toma en cuenta la
enorme migración ya existente en Venezuela con más de 5 millones de colombianos. Y
tampoco la agresión sufrida por la población venezolana y colombiana, en la frontera, con
mafias de contrabando, paramilitarismo, narcotráfico y corrupción.
Desde la perspectiva ética de DDHH y el concepto de Seguridad de la Nación, planteada en
la Constitución Bolivariana, el Estado democrático en corresponsabilidad con la sociedad,
requieren actuar en la frontera, para defender los DDHH de todos y generar así una frontera
solidaria que cumpla con “El derecho a no tener que emigrar”.